El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma que elimina la incorporación automática al Cabildo de candidatos a presidentes municipales y síndicos que pierdan la elección. Con los cambios, los espacios de representación proporcional serán ocupados exclusivamente por integrantes de las planillas de regidores registradas por cada partido.
El diputado local de Morena, Jorge Sanén Cervantes, defendió la medida y rechazó que afecte la democracia o reduzca la presencia opositora. “El número de regidores de oposición se mantiene conforme al porcentaje de votación recibida, pero ya no estarán los candidatos a presidentes municipales y síndicos que hayan perdido”, explicó.
Sanén argumentó que la práctica anterior generaba privilegios y simulación electoral. “Muchos candidatos participaban sabiendo que no iban a ganar, pero seguros de llegar al Cabildo. Las listas de regidores se armaban prácticamente como comparsa”, sostuvo. Añadió que esto desplazaba a militantes registrados específicamente para competir por regidurías.
La oposición calificó la reforma como un intento de limitar la representación de minorías políticas, al impedir que sus perfiles más competitivos accedan a los ayuntamientos tras una derrota. También acusó a Morena de impulsar la medida por temor a perder posiciones en 2027.
El legislador morenista negó esa versión. “Dicen que esta reforma es por miedo, pero parece que es al revés. Antes muchos participaban sabiendo que iban a perder, pero seguros de un espacio”, respondió. Afirmó que la regla aplicará también para Morena: “Si un candidato nuestro pierde, tampoco entrará al Cabildo. En Mérida así es y en otros estados también”.
Sanén vinculó la reforma con la agenda electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir privilegios políticos, y aseguró que obligará a los aspirantes a “competir realmente para representar a los ciudadanos y no sólo para acceder a un cargo público”.
La modificación fue avalada por la mayoría legislativa de Morena y aliados. Dirigentes y legisladores de oposición advirtieron que podrían impugnarla ante autoridades electorales, por lo que el debate político en el estado se mantiene abierto.
